Desde el pasado mes de diciembre, bien que se ha liado la cosa por internet. El gobierno estatal, a través de la llamada Ley de Economía Sostenible para atajar la crisis, coló una disposición adicional en el que una comisión dependiente del Ministerio de Cultura decidiría si una web vulnera el derecho de la propiedad intelectual de manera que podría dictaminar su cierre por encima de resoluciones judiciales. La respuesta de la comunidad de internautas fue instantáneo: se redactó un manifiesto declarativo de principios y posteriormente se abrieron páginas web con información abundante sobre el proceso que se está llevando a cabo dentro de las reivindicaciones contrarias a dicha ley. El Ministerio de Cultura, por su parte, llamó a personas clave dentro de estas corrientes de opinión para una reunión que no tuvo salida alguna, sólo la de la propia Ministra a los 25 minutos de comenzar para inaugurar un museo. La postura es bien visible dentro de la comunidad que está en contra de esta disposición, pero, ¿dónde está la parte contraria, la que la apoya? No es necesario buscar más lejos, la tenemos en nuestras facturas cuando compramos un producto tecnológico y aparece el concepto “canon” en ella, en los que piden el 10% en la recaudación de conciertos benéficos (entre otros) o los que mantienen un sistema de negocio obsoleto donde internet es el problema y no la solución, como defienden las personas firmantes de los distintos manifiestos por la libertad en internet. Todos conocemos a las cabezas visibles de estos grupos de presión (lobbys), no es necesario nombrarlas, sólo que están unidas bajo el bonito nombre de “Coalición de creadores e industrias de contenidos”.
Durante el pasado mes de octubre, aún sin olerse esta polémica que amenizó el final del 2009, se celebró en Barcelona el “Free Culture Forum”, evento en el que se dejó patente que hay una fórmula adelantada a nuestra época, la de los lobbys y grandes empresas que intentan establecer la verdad absoluta. La “Carta por la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento” es el broche de oro de esta cita donde se compara la revolución tecnológica que ha supuesto internet con la imprenta china del siglo XI; ¿Sus propuestas principales? Estimulación al bien común y conocimiento, uso de estándares abiertos que no controle ninguna empresa en concreto y respeto a las decisiones judiciales.
¿Qué tenemos por delante en este 2010? La aprobación (o no) de la tan polémica disposición dentro de la Ley de economía sostenible, las reacciones de las entidades (privadas) de gestión y lo más importante, la respuesta eficaz y organizada de la comunidad internauta que a través del activismo tanto virtual como real será determinante en la decisión final. El Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales de internet” ha pasado a apoyar una “Red SOS-tenible” con todas las respuestas posibles a las novedades que se vayan aconteciendo en este debate clave para dictaminar el futuro de las redes virtuales que la ciudadanía tiene derecho a tejer. Quizás sea necesario para la clase política repasar un poco qué leyes son fundamentales y cuáles no, y, lo más importante, de dónde emana el poder en este sistema llamado democracia, si del pueblo o de las grandes empresas.
A mediados de enero, Javier de la Cueva y David Bravo, abogados especializados en derechos de autor, han denunciado al Estado Español por “permitir que entidades privadas de gestión realicen una explotación abusiva de su posición dominante”. 2010 está siendo calentito.
Si no tienes intención de profundizar en el tema, el esquema adjunto ofrece, en simples pasos, qué es eso de lo que todos los medios de comunicación hablan pero nadie comprende. El “señor enfadado” es Aldo Olcese Santonja, presidente de “La Coalición de creadores”, famoso en muchas facetas y un desconocido en el mundo de la cultura.
