Desde el pasado mes de diciembre, bien que se ha liado la cosa por internet. El gobierno estatal, a través de la llamada Ley de Economía Sostenible para atajar la crisis, coló una disposición adicional en el que una comisión dependiente del Ministerio de Cultura decidiría si una web vulnera el derecho de la propiedad intelectual de manera que podría dictaminar su cierre por encima de resoluciones judiciales. La respuesta de la comunidad de internautas fue instantáneo: se redactó un manifiesto declarativo de principios y posteriormente se abrieron páginas web con información abundante sobre el proceso que se está llevando a cabo dentro de las reivindicaciones contrarias a dicha ley. El Ministerio de Cultura, por su parte, llamó a personas clave dentro de estas corrientes de opinión para una reunión que no tuvo salida alguna, sólo la de la propia Ministra a los 25 minutos de comenzar para inaugurar un museo. La postura es bien visible dentro de la comunidad que está en contra de esta disposición, pero, ¿dónde está la parte contraria, la que la apoya? No es necesario buscar más lejos, la tenemos en nuestras facturas cuando compramos un producto tecnológico y aparece el concepto “canon” en ella, en los que piden el 10% en la recaudación de conciertos benéficos (entre otros) o los que mantienen un sistema de negocio obsoleto donde internet es el problema y no la solución, como defienden las personas firmantes de los distintos manifiestos por la libertad en internet. Todos conocemos a las cabezas visibles de estos grupos de presión (lobbys), no es necesario nombrarlas, sólo que están unidas bajo el bonito nombre de “Coalición de creadores e industrias de contenidos”.

Durante el pasado mes de octubre, aún sin olerse esta polémica que amenizó el final del 2009, se celebró en Barcelona el “Free Culture Forum”, evento en el que se dejó patente que hay una fórmula adelantada a nuestra época, la de los lobbys y grandes empresas que intentan establecer la verdad absoluta. La “Carta por la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento” es el broche de oro de esta cita donde se compara la revolución tecnológica que ha supuesto internet con la imprenta china del siglo XI; ¿Sus propuestas principales? Estimulación al bien común y conocimiento, uso de estándares abiertos que no controle ninguna empresa en concreto y respeto a las decisiones judiciales.

¿Qué tenemos por delante en este 2010? La aprobación (o no) de la tan polémica disposición dentro de la Ley de economía sostenible, las reacciones de las entidades (privadas) de gestión y lo más importante, la respuesta eficaz y organizada de la comunidad internauta que a través del activismo tanto virtual como real será determinante en la decisión final. El Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales de internet” ha pasado a apoyar una “Red SOS-tenible” con todas las respuestas posibles a las novedades que se vayan aconteciendo en este debate clave para dictaminar el futuro de las redes virtuales que la ciudadanía tiene derecho a tejer. Quizás sea necesario para la clase política repasar un poco qué leyes son fundamentales y cuáles no, y, lo más importante, de dónde emana el poder en este sistema llamado democracia, si del pueblo o de las grandes empresas.

A mediados de enero, Javier de la Cueva y David Bravo, abogados especializados en derechos de autor, han denunciado al Estado Español por “permitir que entidades privadas de gestión realicen una explotación abusiva de su posición dominante”. 2010 está siendo calentito.

Si no tienes intención de profundizar en el tema, el esquema adjunto ofrece, en simples pasos, qué es eso de lo que todos los medios de comunicación hablan pero nadie comprende. El “señor enfadado” es Aldo Olcese Santonja, presidente de “La Coalición de creadores”, famoso en muchas facetas y un desconocido en el mundo de la cultura.

David Bravo y Javier de la Cueva denuncian al Estado Español. No comment. Ovación.

“El que sabe no habla, el que habla no sabe”

Con esta frase del Tao Te Ching quisiéramos David Bravo y Javier de la Cueva invitar a los ciudadanos a compartir con nosotros una acción jurídica contra el Estado español por vulneración de la normativa comunitaria.

El informe publicado ayer “Sobre la gestión colectiva de los derechos de la propiedad intelectual” de la Comisión Nacional de la Competencia, manifiesta con total rotundidad que España podría estar infringiendo el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por permitir que las entidades de gestión (SGAE, AGEDI, etc.,) realicen una explotación abusiva de su posición dominante. El informe asegura que esto es así porque puede entenderse que es precisamente la Ley de Propiedad Intelectual española “la que hace factible que las entidades de gestión adopten o puedan adoptar de forma reiterada comportamientos abusivos de su posición de dominio”.

Con la intención de que España cese en la conducta presuntamente infractora que se describe en ese informe, hemos redactado la correspondiente denuncia que ponemos a disposición de todos los ciudadanos que quieran sumarse a su interposición.

La invitación a la ciudadanía a participar en acciones legales libres utilizando la Red, nació el 30 de agosto de 2003 cuando se puso a disposición de todos unos procedimientos libremente utilizables. El primero de ellos se dirigió contra el canon en los soportes digitales, hoy pendiente de sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Si bien fueron muchas las voces que se alzaron contra el canon, pocas personas decidieron luchar jurídicamente contra el mismo, a pesar del procedimiento fácil y gratuito del que se disponía.

Posteriormente y tras la sentencia de Ladinamo, nacieron los procedimientos en defensa del Copyleft y somos líderes mundiales en resoluciones favorables. Luego llegaron las webs de enlaces, con la liberación de la nota para la vista de las medidas cautelares contra Sharemula y la liberación que ahora estamos llevando a cabo en favor de nuestros compañeros abogados y sus clientes de los escritos que hemos utilizado en su defensa. Después, vino la contestación de la Revista Cultural Quimera a la demanda de la SGAE que fue utilizada por la defensa de la CNT para obtener una sentencia absolutoria en la demanda que le interpuso tal entidad.

El método ha demostrado ser eficaz y por eso ahora queremos presentar la siguiente acción legal, animándoos a interponerla. La pregunta que todos se hacen tras el Manifiesto es la de ¿y ahora qué?

El problema que tienen las palabras es que se las lleva el viento. Si el canon cae, no es por la campaña de Todos contra el canon, sino por una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Lo que hace falta es el ejercicio efectivo de los derechos, porque las voces ya sobran cuando comienzan a ser sospechosas de su vacuidad e impostura: el que sabe no habla y el que habla no sabe.

El procedimiento que ofrecemos es gratuito y no cabe condena en costas. Consiste en denunciar ante Europa los abusos que estamos sufriendo de manos de los sucesivos gobiernos en el campo de la propiedad intelectual. No lo decimos nosotros, nos lo dice el informe de la Comisión Nacional de la Competencia que ha salido a la luz pública ayer, y que para los que nos dedicamos a la propiedad intelectual ha supuesto una cura de humildad porque nos ha demostrado lo poco que sabemos. Si bien ese Informe es la base y el fundamento de nuestra denuncia, tenemos otra razón, que nos da un ilustre jurista, John Rawls, quien en su Teoría de la Justicia señalaba lo siguiente:

“La responsabilidad no recae en los que protestan, sino en aquellos cuyo abuso de poder y de autoridad justifica tal oposición, porque emplear el aparato coercitivo del Estado para mantener instituciones manifiestamente injustas es una forma de fuerza ilegítima a la que los hombres tienen derecho a resistir”.

Para interponer la denuncia basta con que rellenéis la plantilla que se halla en los enlaces que señalamos más abajo. En la misma figuran las instrucciones. Sólo os costará un paseo a una oficina de Correos y el importe de una carta certificada.

Lo verdaderamente importante de la Red es cuando cristaliza en el territorio físico. Si no ejercemos nuestros derechos mediante acciones legales y simplemente gritamos, siempre seremos víctimas del poder.

David Bravo y Javier de la Cueva, abogados.

Plantilla en formato .doc

Plantilla en formato .odt