Especulación y denuncias 28ene2007
Tras las manifestaciones por la conservación del prado de Castilnovo, la zona serrana de Málaga se mueve contra promotores inmobiliarios y especuladores. El siguiente artículo deja en evidencia las artimañas con las que algunos ávidos de poder intentan descabezar movimientos legítimos y populares. Para saber cuál fue el origen de este artículo, pincha AQUÍ. No es nada nuevo el ver cortar vías públicas en favor de la privatización, especialmente en las costas.
A la una de la tarde del 5 de noviembre de 2006 Alejandro Moreno (portavoz de Ecologistas en Acción de Ronda) se encontraba trabajando en Málaga como guía de un grupo de 100 ancianos. Ese mismo día a esa misma hora a más de cien kilómetros de allí, transcurría una manifestación que pedía la reapertura de un sendero público internacional que los promotores del macro complejo urbanístico de Los Merinos de Ronda mantienen todavía cortado. En el transcurso de aquella protesta, el sargento 1º de la Comandancia de Ronda interpuso una denuncia contra Alejandro Moreno, quien también es portavoz de Ecologistas en Acción en la zona, “por alterar el orden público”. “Se le hizo saber al infractor que por el precepto infringido es denunciado ante el señor Subdelegado de Gobierno” afirma el escrito al que ha tenido acceso el observador, que firma este sargento, cuyo hijo trabaja como miembro del equipo de seguridad de los constructores de Los Merinos, según informan fuentes ecologistas.
TODO aquél que ha mantenido una posición crítica pública contra la construcción del mayor complejo urbanístico de la Serranía de Ronda en la finca de Los Merinos ha sido denunciado, como ya adelantó EL OBSERVADOR la semana pasada. La novedad de la última oleada de denuncias es que esta vez no han sido los promotores sino la Guardia Civil quien ha presentado las acusaciones ante la Subdelegación del Gobierno. Ya son cincuenta y una (51) las personas que han sido apercibidas. A todas se les obliga a pagar una multa de 301 euros por acudir a la manifestación del pasado 5 de noviembre en la que más de un millar de personas reivindicaron el libre paso por el sendero internacional público GR-7, que une Tarifa con el Peloponeso a través de una ruta mediterránea y que se encuentra cortado a la altura de la finca de Los Merinos en varios puntos. Entre los denunciados, el portavoz de Ecologistas en Acción de Ronda, Alejandro Moreno, que aquel día no acudió a la marcha.
LA ausencia de Alejandro no fue óbice para que el sargento 1º comandante de Puesto de Ronda firmase una denuncia contra él por “alteración del orden público y corte de carretera”. Algo difícil de entender cuando el acusado estaba a más de cien kilómetros de distancia cuando transcurría la manifestación, trabajando como guía de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta en Málaga con un grupo de unos 100 ancianos de la residencia Isdabe de Estepona.
MORENO ha sido, como portavoz de Ecologistas en Acción en Ronda, una de las voces públicas más críticas con el proyecto de Los Merinos. Explica cómo ha recibido amenazas veladas de los promotores a través de terceros y varias denuncias por injurias y calumnias que no han quedado en nada, pero esto último ha sido la gota que ha colmado el vaso. “Es una lástima que por culpa de una persona se haya puesto a un cuerpo como la Guardia Civil, con el que mantenemos una relación cordialísima, al servicio de unos intereses privados, llegando al extremo de hacer denuncias falsas”, explica Moreno al tiempo que adelanta que “de manera inmediata emprenderemos acciones legales contra este sargento porque creemos que se está dando un delito de prevaricación y falsedad documental. Es pública y notoria la campaña de acoso que se está llevando a cabo contra todos los que hemos dado la cara contra este proyecto. Se nos intenta desprestigiar y criminalizar. No es de recibo que la Guardia Civil forme parte del juego que han emprendido los promotores”.
EL dirigente ecologista apunta además que el sargento de la Benemérita de la comandancia de Ronda que le puso la denuncia -para el cual solicitará al Subdelegado de Gobierno “su inmediato relevo porque ha demostrado que no debe estar al frente de un cuartel”- tiene a uno de sus hijos contratado por los constructores como parte del equipo de seguridad que vigila las obras.
DE forma paralela, las reacciones políticas ante estos nuevos hechos no han tardado en llegar. La semana pasada fue el parlamentario andaluz Antonio Romero quien aseguró que pedirá al ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba “que investigue las conexiones familiares de la Guardia Civil con miembros de seguridad de Los Merinos” al tiempo que exigió a la Consejería de Medio Ambiente del gobierno andaluz “que garantice la protección del camino GR-7, de Tarifa a Grecia, catalogado como camino internacional protegido por la Junta; que se le quite la valla y el muro que han construido los promotores de la urbanización Los Merinos y se deje libre el camino”.
POR su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista y portavoz andaluz de Los Verdes en el Parlamento español, Francisco Garrido, ha formulado en el Congreso de los Diputados dos preguntas sobre la “campaña de insultos y difamaciones” contra los vecinos contrarios al macro-proyecto urbanístico de Los Merinos. El diputado alude en ambas preguntas parlamentarias al “acoso mafioso fruto de la alianza entre especuladores y políticos”, critica la “indefensión legal y personal de estos ciudadanos” sometidos a un “estado de excepción urbanístico” basado en el “miedo colectivo” al que, en su opinión, contribuyó la Guardia Civil “con su pasividad y actitud agresiva contra los amenazados”.
UNA opinión esta última que comparten la mayoría de las más de 1.000 personas que secundaron la manifestación. Julián Muñoz, portavoz en Málaga de la Sociedad Española de Ornitología (SEO), envió junto a otras asociaciones que participaron en la marcha un escrito a la Subdelegación del Gobierno en al que se afirma que durante “todo el tiempo que duró la manifestación, los vehículos de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía permanecieron estacionados dentro de la finca privada donde se encontraban los promotores del campo de golf y sus guardias privados, actuando de manera indisimulada como vigilantes de la finca frente a los ciudadanos que habían ido a ejercer su derecho legal a manifestarse. La colocación de los agentes (dentro de la finca y frente a los manifestantes) y los corrillos de conversación francamente cordiales (yo diría que excesivamente cordiales) con los vigilantes privados y sus jefes no dejaban lugar a dudas de qué parte estaban”.
